Desde el inicio de la pandemia se ha insistido en Panamá con el lema de “quédate en casa”, como solución prácticamente única a la crisis sanitaria del Coronavirus. Sin embargo ello contrasta con las necesidades económicas de sustento de la población.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó recientemente un informe recomendando a los países latinoamericanos establecer una renta temporal básica de aproximadamente 170 USD x mes para aquellas personas afectadas por el COVID19.

La situación de Panamá.

Ante ésta recomendación es inevitable plantearnos: ¿puede el Gobierno de Panamá aplicar efectivamente dicha medida?​ De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), aproximadamente, 1.6 millones de personas en el país se benefician del Programa de Auxilio Económico y Subsistencia. Ello se traduce, conforme a los fondos actualmente destinados por el Gobierno a dicho Programa, en aproximadamente 160 millones de USD al mes y 1,920 millones de USD al año, de mantenerse dicho programa a tiempo indeterminado.

El déficit presupuestario.

El presupuesto del Estado para 2020 fue aprobado por la suma originaria de 23,322 millones de USD, pero los ingresos, debido a la paralización económica, derivada de la crisis sanitaria, han disminuido drásticamente.

Las cifras oficiales del mes de mayo revelan una enorme caída en los ingresos corrientes (57.1%), en los  ingresos tributarios (53.8%) y en los impuestos directos (35.6%). La recaudación registró un déficit de 517 millones de USD en éstos tres rubros.

Esta realidad es difícil de subsanar en momentos en los cuales la actividad económica se encuentra paralizada en múltiples e importantes sectores, como la construcción, el comercio, el turismo, la hotelería, el transporte aéreo, sólo por citar algunos.

Por otro lado el Gobierno se vio en la necesidad de extender la moratoria y aumentar el subsidio a la electricidad, el gas y a los programas sociales. Todo ello significa una gran erogación, de aproximadamente 1,600 millones de USD por año, frente a un escenario de menor ingreso para las arcas del Estado.

Emisión de bonos de la deuda pública.

Ante ésta evidente falta de dinero, el Ministerio de Economía y Finanzas ha optado por “pedir prestado”.  En lo que va de 2020 se han hecho dos emisiones de bonos de la deuda pública, por 2,000 y 2,500 millones de USD. El ministro de Economía y Finanzas ya anticipó ante la Asamblea Nacional que habrá una próxima emisión que cuantificó en 2,500 millones de USD más. Con estas emisiones de bonos el Ejecutivo trata de compensar el déficit de ingresos.

Los números no alivian al panameño.

Pese a los números que lucen considerables, para el panameño que no puede generar el ingreso para su familia, estas cifras no significan nada. En Panamá la canasta básica ronda los 300 USD mensuales, por ello muchos gremios se han manifestado reclamando cifras de sustento aún mayores a la propuesta por el PNUD.

Pero asegurar la canasta básica a 1,600,000 panameños afectados, representaría  480 millones de USD mensuales y 5,760 millones de USD al año, o sea, el costo equivalente a la ampliación del Canal en tan solo un año de subsidio.

Hay antecedentes nefastos en cuanto a Países que han otorgado altas bonificaciones sin tomar las previsiones de duración de la contingencia. Es el caso por ejemplo de El Salvador, que en marzo otorgó un bono de 300 USD y seguidamente anunció no tener la capacidad para mantener ese pago y lo sustituyó por la entrega de bolsas de alimentos.

Algunas voces relacionadas al sector económico, pese a reconocer la necesidad de muchas personas, afirman categóricamente que el Gobierno no tiene recursos para entregar un salario mensual básico a más de un millón y medio de personas.

Estas situación de necesidad provoca que miles de personas se vean obligadas a salir a la calle a buscar el sustento económico para sus familias y por ende desatienden las medidas sanitarias, lo que conlleva a no tener éxito con la disminución de los contagios.

Alternativas para conseguir fondos.

Se ha planteado inclusive, como fuente de sustento de los subsidios, la alternativa de que Panamá deje de pagar los intereses de la deuda pública que equivalen a 1,500 millones de USD al año de promedio. Sin embargo, caer en mora con esos pagos, comprometería la evaluación de Panamá frente a los organismos internacionales desmejorando su calificación de riesgo.

La buena calificación actual de la cual goza la Nación, es el motivo por el cual ha podido emitir y colocar fácilmente los bonos de su deuda pública. Por tanto el planteamiento arriba indicado es a todo evento muy arriesgado.

Hay que considerar además que el País no cuenta con un Banco Central. Es decir no emite su propia moneda. Esto limita la posibilidad de emitir dinero inorgánico para aumentar la liquidez o adoptar otras medidas financieras destinadas a tal fin. Aunque ello tendría como efecto inmediato un aumento de la inflación.

Panamá enfrenta ahora una disyuntiva y en la opinión pública hay una gran diatriba: por un lado la corriente que sostiene que no se puede hablar de recuperación económica si no se logra una reapertura de todos los sectores; y por el otro, la corriente que no admite hablar de reapertura total hasta que la situación sanitaria esté bajo control. Pero para esto último parece que faltan los recursos económicos. Y entonces cabe preguntarse:  ¿vino primero el huevo o la gallina?