El aumento de contagios por la Covid-19, la consecuente declaratoria mundial de pandemia, y sus recomendaciones preventivas en materia de salud pública, el confinamiento, los cercos sanitarios, cese de algunas actividades económicas, ha traído una suerte de efectos que transformaron, las condiciones ordinarias de vida de los individuos, en los social y en lo en lo económico, principalmente.

Bajo esta situación pandémica, con sus crisis adyacentes, sobre todo en materia económica, se encuentra la discrepancia, entre las víctimas de esta enfermedad, si deben cumplir o no con las obligaciones contractuales, asumidas antes o durante la crisis sanitaria, aduciendo afecciones de salud, comerciales o laborales, en base a los argumentos que, sobre la fuerza mayor o el caso fortuito, puedan construirse para justificar el incumplimiento de contratos.

La fuerza mayor, es definida por nuestro Código Civil de la República de Panamá (artículo34d), la situación producida por hechos del hombre, a los cuales no haya sido posible resistir, es, por tanto, un imprevisto, al que el hombre no puede resistirse. Por su parte, el caso fortuito proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan podido ser previstos.

Ambas son eximentes de responsabilidad, entendiendo que la responsabilidad, es la consecuencia negativa, por la conducta omisa o negativa, de incumplir las obligaciones parcial o completamente.

La declaratoria del Estado de Emergencia Nacional (Decreto Ejecutivo No.145 de 1 de mayo de 2020), trae como consecuencia, no solo un rol más que protagónico, para el Gobierno Central, sino que le permite tomar decisiones en el plano de la actividad privada del individuo, en aras de preservar la salud pública.

Medidas político-sanitarias, como el confinamiento, la cuarentena, cese de operaciones comerciales e industriales, y la autorización de suspensión de contratos laborales, son lógicamente hechos generadas por la actividad humana, a través, de la figura del Estado o los municipios, y son considerados fuerza mayor.

Ahora bien, la pandemia generada por el virus Covid-19, es a su vez, un caso fortuito.

La relevancia de esta diferenciación, viene dada porque el citado código, en relación a estos fenómenos imprevisibles, establece que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitable (artículo 990).

Por su parte en el Código de Comercio, se establece que el deudor en mora, responderá por daños y perjuicios causados con su falta y responderá hasta del caso fortuito (artículo 233), pero seguidamente expone dicha norma que la cláusula penal no podrá ser exigida cuando el cumplimiento del contrato se haga imposible por caso fortuito o por falta del acreedor o cuando el cumplimiento verificado se hubiere aceptado sin reserva (artículo 239).

Hay que tener claro que, en el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito, no deben ser meros argumentos de la parte que incumple su obligación, sino que verazmente deben probarlos, y serán viables como excepción, dentro de litigios judiciales, dependiendo del tipo de obligación, es decir, si es una obligación de ejecución inmediata o es de ejecución en el tiempo o tractosucesiva.

Tampoco sirve escudar las deudas u obligaciones incumplidas, previas al hecho generador, de las eximentes de fuerza mayor y caso fortuito. Por ejemplo, argumentar que no se puede pagar una deuda morosa ya vencida en noviembre del año 2019, por caso fortuito o fuerza mayor, por motivos del Covid-19, cuyo reconocimiento pandémico, fue oficializado en Panamá, a partir del mes de marzo del año en curso.  

El caso fortuito y la fuerza mayor, como eximentes de responsabilidad, han tenido que institucionalizarse por el Estado panameño, bajo algunas figuras jurídicas de carácter público, como el beneficio de moratorias o la suspensión de procesos judiciales. Medidas que de no tomarse como decisión política, degenerarían en una crisis sobre el control social.

En este sentido, tenemos vigente el Decreto Ejecutivo No.145 de 1 de mayo de 2020, cuyo objetivo es regular excepcionalmente, una materia privada, como lo es el contrato de arrendamiento, y sus efectos, como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Así mismo, la recién sancionada Ley 156 de 30 de junio de 2020, que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del Covid19, también conocida como la Ley de moratoria bancaria y financiara.

Es de advertir, que en ambas disposiciones legales, que la imposibilidad de no cumplir, con los contratos suscritos, deban sustentarse con documentos probatorios, que demuestren que el moroso ha sido afectado por el Covid-19, y sus efectos colaterales.