Acaba de salir un reporte sobre el índice de la Capacidad de Combate a la Corrupción, reporte que está avalado por el Grupo de Trabajo Anticorrupción, Control Risks y Americas Quaterly, donde califican la capacidad de Latinoamérica de detectar, castigar y prevenir la Corrupción relacionada con el COVID19 realizado por los Sres. Roberto Simon, Director Senior de Política del Grupo de Trabajo Anticorrupción y Geert Aalbers socio de la firma Control Risks.

Según el reporte, el mismo fue efectuado con el propósito de medir la Capacidad de Combatir la Corrupción en medio de una pandemia que nos ha forzado a movilizar grandes sumas de dinero del erario público con el propósito de combatir la emergencia. Los gobiernos han tenido que correr a importar ventiladores de cualquier lugar en el mundo, expandir la capacidad de los UCIS, establecer paquetes de estímulos financieros, ayudar al sector privado a mantenerse a flote en estas condiciones económicas, y mucho más. En este ambiente de gastos de emergencia, controles relajados y teletrabajo, el riesgo de corrupción y malos manejos de fondos se ha incrementado.

Lo peor del caso, es que esta situación de emergencia de la pandemia ha caído en el peor momento de Latinoamérica, ya que la ola de anticorrupción y los gobiernos que estaban o pretendían hacer algo han cambiado por lo que el riesgo es mucho mayor todavía.

De acuerdo con el reporte, esta es la segunda edición, que inició en el 2019 y pretende medir y evaluar a los países basados en cuan efectivos son los mismos para combatir la corrupción, en vez de medir la percepción de la corrupción en los diferentes países.

El índice califica 14 variables incluyendo: independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo y el nivel de recursos disponibles para combatir los crímenes de cuello blanco. El índice se apoya en una data extensa y en una encuesta conducida entre los expertos lideres en Control Risks, academia, sociedad civil y el sector privado. Del 2019 a 2020 se aumentó el número de países de 8 a 15, las cuales, sumadas entre todas, representan el 95% del PIB de la región.

El país con el más alto índice en el índice CCC 2020 es Uruguay (7.78), seguido de Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52). El puntaje está compuesto de 3 subcategorías: Capacidad Legal, Democracia y las Instituciones Políticas y Civiles, los Medios y el Sector Privado.

Panamá está en la posición 10 de 15 países por arriba de Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Bolivia y Venezuela, pero por debajo de México, Brasil, Argentina, y Ecuador, países con una reputación muy endeble, donde la corrupción impera.

Veamos que dice el reporte de Panamá. Los puntajes para cada subcategoría fueron los siguientes: Capacidad Legal (3.80), Democracia (4.36) y las Instituciones Políticas y Civiles, los Medios y el Sector Privado (5.39). Cada subcategoría tiene tópicos a saber:

En capacidad Legal: Independencia y eficiencia judicial (<4), independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción (<4), acceso a información pública y transparencia gubernamental (5), independencia y recursos para la Procuraduría (<3), nivel de expertise y recursos para combatir los crímenes de cuello blanco (<4), calidad de la clemencia y acuerdos de culpabilidad (4), y nivel de cooperación internacional de la fuerza pública (4).

Democracia: calidad y enforzabilidad de las compañas de legislación financieras (<4), procesos legales (<2), calidad de la democracia (>8)

Instituciones Políticas y Civiles, los Medios y el Sector Privado: movilización de la sociedad civil contra la corrupción (>3), mejoras educativas (>6), calidad de la prensa y periodismo investigativo (<6), comunicación digital y medios sociales (6)

Lejos de ponernos a calificar las calificaciones, la idea era mostrarles los números del reporte detallados, de manera que uds. pudieran sacar sus propias conclusiones.

El reporte escrito, para justificar la nota para Panamá empiezan catalogándonos como una jurisdicción de secretos financieros, donde grandes escándalos han pasado en los últimos años tales como los Panamá Papers y Odebretch, lo cual afecta la subcategoría de Capacidad Legal. Aquí si me gustaría comentar, ya que el caso Odebretch le afecto a todos los países de Latinoamérica incluyendo a Estados Unidos, y no en todos los países, incluyendo Brasil, le han caído a todos los culpables en esta trama de coimas.

Pero en el caso de los mal llamados Panamá Papers no existe ningún tipo de corrupción gubernamental en este sentido. De hecho, todo lo ejecutado por la firma – legalmente hablando, era hacer compañías para clientes, 10% de las cuales eran panameñas, y el resto de otras jurisdicciones. Lo que hicieran los dueños no debe ser un tema de los abogados que las constituían, aun cuando si creo que existe un tema moral allí, pero definitivamente pertenece a las actuaciones de una empresa y sus dueños, y no de un país.

Hablan del cambio de presidente, donde Laurentino “Nito” Cortizo llega al poder en julio 2019, después de haber efectuado una campaña basada en terminar una década perdida ante la corrupción. Pero que después de casi un año, se ha perdido el impulso inicial del nuevo presidente de plasmar las reformas que se necesitaban para combatir la corrupción en varios niveles e instituciones. Esto último, no es culpa 100% del presidente, sino del órgano legislativo el cual no ha sido capaz de pasar las reformas necesarias para que esto sucediera. Aquí definitivamente el reporte ha dado en el clavo de nuestro talón de Aquiles.

Seguimos sin ver grandes avances en instituciones claves para combatir la corrupción y los crímenes de cuello blanco como el zar anticorrupción y la Procuraduría, los cuales todavía no han sido capaces de meter a la cárcel a nadie de importancia. Más se ha conseguido por la fuerza de las redes sociales, con o sin pruebas, que han forzado al gobierno a echar para atrás contrataciones que parecían que fueran en contra del país.

Según el reporte también, el estatus de Panamá como “Hub global de lavado de dinero” permanece como un tópico dominante en el país y más allá. Hablan también de la cantidad de listas grises y negras en las que el país está incluido aun y las deficiencias en prevenir el lavado de dinero y en combatir el financiamiento del terrorismo. Y por supuesto que tampoco estoy de acuerdo. Estas aseveraciones nos califican como a los colombianos de los 80’s y 90’s o a los mexicanos de ahora como narcotraficantes, y esto no se puede aceptar. Los panameños somos gente honrada, y aunque existan pillos en el país, esto no quiere decir que somos un “hub global de lavado de dinero”.

Están clamando por más reformas incluyendo controles contra las empresas de papel (como si en este país fuera el único donde existen) y transparencia con respecto a los beneficiarios finales (esto ya existe, lo único es que se da la información a requerimiento y no de forma automática como nos están exigiendo). También se exigen cambios en la Ley de Contrataciones Públicas, la cual todavía no condena a las empresas que han cometido actos de corrupción (aquí estoy completamente de acuerdo), e insisten en decir que el país no ha investigado el caso de Odebretch (de hecho, esto hay que investigarlo desde que la empresa llego a Panamá en el 2007 y que afecta a 3 períodos presidenciales)

A pesar de que este índice muestra cosas interesantes, creo que la investigación, la data encontrada y las encuestas a expertos, por lo menos en el caso de Panamá que es el que nos ocupa, me dejan mas dudas acerca del índice que aclaraciones, y muestra muchas incongruencias y medias verdades que en nada contribuyen al espíritu de nuestro país. Pareciera que este índice esta muy ligado a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y GAFI’s (Grupo de Acción Financiera Internacional) que a una institución dedicada a combatir la corrupción (que si existe y que tenemos que combatir fuertemente). Estas subjetividades le restan credibilidad a un esfuerzo por aportar al problema, pero en el caso de Panamá, parece seguir el mismo patrón de ataque de pseudo instituciones que están mas enfocadas en acabar con el hub de servicios financieros/legales de Panamá que en combatir la corrupción (que claramente afecta a sus países grandemente).