Lissemar Bello, a pesar de su peculiar nombre y apellido, es una ciudadana italiana legítima. Lleva años viviendo en Panamá. Su hija de 6 años sufre de DSA, es decir, Trastorno del Espectro Autista. Esta condición especial se remonta a 2016 a partir de los diagnósticos realizados tanto en Italia como en Panamá.

Como cualquier progenitor  que quiere la mejor calidad de vida para sus hijos, Lissemar en enero de 2020 decide construir el futuro y la educación de su niña en Italia.

Viaja a su Patria, por un breve período 15 días y formaliza su inscripción en una escuela más adecuada a las necesidades de su hija, en la localidad de Casalvieri, provincia de Frosinone. Alquila un apartamento donde pronto establecerá su nueva residencia.

Luego regresa a Panamá con el fin de concluir la relación laboral y preparar su mudanza y la de la niña para Italia.

Hasta ahora nada de extraordinario,  tan solo dos ciudadanas italianas, Madre e Hija, que deciden hacer uso de un derecho constitucional legítimo y sagrado, es decir, establecer su residencia permanente en su patria.

¿Quién podría haber imaginado, incluso remotamente, que tal derecho podría verse obstaculizado?

La precaria normativa de estado de emergencia.

Bueno, la Señora Lissemar continúa con su programa, de hecho una vez que regresa a Panamá, en el mismo mes de enero de 2020, le presenta la renuncia a su empleador e inicia los preparativos necesarios para su regreso a Italia.

Pero mientras tanto aparece el COVID y desgraciadamente la vida se complica y los contratiempos afectan la vida de todos los ciudadanos del mundo.

Así, en Italia se desencadena el Estado de Emergencia Nacional, que produce numerosos Decretos del Gobierno que asumen supremacía frente a la Constitución y a muchas leyes tradicionales. Sucesivamente se prorrogan, modifican y sustituyen o complementan con otros instrumentos jurídicos equivalentes, hasta la fecha de hoy. Todos ellos contentivos de las "Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia epidemiológica de Covid-19".

Si hay una cosa que el COVID nos ha enseñado, es precisamente el hecho de cuántos gobernantes han tomado el camino de pisotear los derechos más elementales del ser humano y han adoptado procedimientos absurdos y efectistas en nombre de la salud, dañando, en innumerables casos, mucho más de lo que afirmaban salvaguardar.

Tal vez no sea apropiado entrar en el análisis de cuántos éxitos y errores se han acumulado con esta legislación de emergencia, que en opinión de muchos siempre se ha tomado con prisa y sin la adecuada previa reflexión.

La derogación del artículo 16 de la Constitución.

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno CONTE, que interfirió con los planes de Lissemar y seguramente de muchos otros ciudadanos italianos, está relacionada con la prohibición de la libre movilidad de las personas.

En el ordenamiento jurídico italiano, el artículo 16 de la Constitución establece el derecho a permanecer y a circular en el país.

Art. 16

Todo ciudadano puede moverse y permanecer libremente en cualquier parte del territorio nacional, excepto las limitaciones que la ley generalmente establece por razones de salud o seguridad. Ninguna restricción puede ser determinada por razones políticas.
Todo ciudadano es libre de abandonar el territorio de la República y volver a él, excepto por las obligaciones legales.

Cabe señalar que el artículo 16 no da la misma libertad incondicional a los apátridas y a los extranjeros (Tengan en cuenta este detalle), excepción hecha para los ciudadanos de la Unión Europea protegidos por el Acuerdo de Schenghen.

El hecho es que a nuestra connacional italiana, residente en Panamá, se le niega el derecho a viajar a su país de ciudadanía para establecer su nueva residencia permanente.

¿Prohibición justificada?

Esto parece inconcebible. Pero fijense que para algunos no es una cosa tan extraña y para muestra un botón. Lean bien las declaraciones que en su blog publica el Diputado por  Italia Viva y Subsecretario de Relaciones Exteriores, Sr. IVAN SCALFAROTTO, quien apoya abiertamente esta prohibición:

 "Debo decir, sin embargo, que desde mi observatorio está claro que en este momento nos enfrentamos a una especie de contra-éxodo bíblico, con una serie de italianos que quieren volver a casa que va más allá de toda imaginación y que ciertamente están impulsados sobre todo por el miedo causado por la pandemia".

La razón para que muchos regresen es que hay que regresar a Italia "porque la atención sanitaria es mejor" que en los países de residencia. Verdad. Pero para aquellos que piensan en esto, se escapa que ahora la necesidad absoluta para todos es precisamente la de no tener que recurrir a la atención de la salud.

En resumen, siempre hay que considerar si el regreso a Italia es absolutamente necesario. El principio de "quedarse en casa" no significa "quedarse en casa en Italia". Significa, "Quédate en casa, punto."

Así que un residente en el extranjero, también italiano, que por definición no tiene residencia en Italia, si no tiene casa o vivienda en Italia no puede entrar en nuestro país en este momento. El habitar, recordemos, no significa una segunda casa de vacaciones. En resumen, el residente en el extranjero debe prepararse para demostrar claramente que tiene un título para entrar.

Por supuesto, puede haber un cierto nivel de entendimiento en nuestras fronteras (existe el artículo 16 de la Constitución, que establece el derecho a permanecer y circular en el país, pero que todavía permite limitaciones por razones de salud), pero no se pueden tolerar movimientos libres en esta etapa, ni siquiera por el riesgo de ser infectados o infectar. El principio ahora es que todos los movimientos fuera del hogar están prohibidos, tanto hacia y desde el extranjero como dentro del territorio nacional."

Las reglas de un decreto polémico.

Digamos que no es algo para presumir, pero ciertamente permisible, que un país bloquee sus fronteras a los extranjeros en caso de una emergencia nacional. También podríamos hacernos la vista gorda ante el hecho de que internamente, pero sólo en caso de extrema necesidad, algunos movimientos se limiten a sus ciudadanos. Pero ¿puede ser concebible restringir el acceso al país a sus ciudadanos?

Siempre debemos tener en cuenta que la norma  establecida en el artículo 16 de la Constitución sólo permite limitaciones por motivos de salvaguarda SANITARIA o DE SEGURIDAD PÚBLICA , e indica expresamente que no se permiten restricciones de naturaleza POLÍTICA.

Echemos un vistazo a lo que el Gobierno italiano ha establecido con las recientes medidas “sanitarias” impuestas por el Ministro Roberto Speranza. Sin embargo, me gustaría centrarme en primer lugar en lo que el Ministro expresó durante su intervención ante el Senado y más tarde en la Cámara de Diputados, en el contenido de las medidas de contención para evitar la propagación del Covid-19. Subrayó que "la cuestión de la relación entre epidemia y democracia merece un momento más de profundización también en vista de las decisiones que pronto seremos llamados a tomar".

¿Qué quería decir el Ministro? ¿Medidas necesarias pero poco democráticas?

 Veamos un poco:

Con arreglo al artículo 6 del Decreto del 11 de junio de 2020, los viajes con y desde los Estados miembros de la UE, los Estados que forman parte del Acuerdo de Schengen, el Reino Unido, Andorra, Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano no están restringidos (con excepción de Bulgaria y Rumanía). Por lo tanto, también se permite viajar a estos países para el turismo.

Hasta la adopción de los próximos Decretos, los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en los siguientes estados y territorios también podrán entrar en el territorio nacional: Australia, Canadá, Georgia, Japón, Marruecos, Nueva Zelandia, Rwanda, República de Corea, Tailandia, Túnez y Uruguay. Sin embargo, aquellos que entran /regresan a Italia desde estos estados tienen la obligación de someterse a supervisión sanitaria y aislamiento fiduciario.

Hasta la adopción de las próximas medidas, también existe una prohibición de entrada y tránsito en Italia para las personas que se han quedado o han transitado en los siguientes países en los 14 días anteriores a: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Chile, Kuwait, Macedonia septentrional, Moldavia, Omán, Panamá, Perú, República Dominicana. A estos países se unen Kosovo,Montenegro y Serbia desde el 16 de julio. Con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección de la salud, también se suspenden los vuelos directos e indirectos hacia y desde los países mencionados anteriormente.

La prohibición de entrada anterior no se aplica a los ciudadanos de países de la UE, incluidos Italia, los países Schengen, el Reino Unido e Irlanda del Norte, Andorra, San Marino, Mónaco, Ciudad del Vaticano) y sus familiares que cohabitan en Italia desde antes del 9 de julio para el primer grupo de países, desde antes del 16 de julio para los que regresan de Kosovo, Montenegro y Serbia. Sin embargo, la medida de aislamiento fiduciario de 14 días a la llegada se aplica a aquellos que regresan a Italia desde los 16 países indicados, ya que está exentos de la prohibición de entrada.

El Ministro de Salud también ha ordenado que, para las personas que deseen entrar en el país y que hayan permanecido o transitado en Bulgaria o Rumanía en los 14 días anteriores a ello, se aplique la obligación de vigilancia de la salud y aislamiento fiduciario.

 ¿Hay algo que está mal o nos equivocamos?

Esta prohibición de entrada y tránsito en Italia para los procedentes de países en riesgo fue justificada por el Ministro sobre el hecho de que "son las naciones que tienen un alto porcentaje de incidencia del virus en relación con la población y una muy baja resiliencia de los sistemas de prevención y control".

Sin embargo, observamos que cuando se trata de extranjeros que llegan a Italia a través de desembarcos de refugiados, hay una excepción sui generis, y así dice el Ministro Esperanza: "Se presta especial atención, en estas horas a los desembarcos en nuestras costas con estrictos controles sanitarios y obligación de cuarentena para todos los que llegan. No se puede permitir ninguna subestimación."

¿Pero cómo? ¿Son los países africanos, de donde éstas personas provienen, un modelo de excelencia en el sistema de salud?

Pero en resumen, ¿estamos malinterpretando o ésta legislación pone de últimos en la cola para entrar en Italia a los italianos que viven en el extranjero en esos países "estigmatizados"?

Es decir, cualquiera puede entrar en Italia, ciudadanos y extranjeros inclusive para fines turísticos. En el peor de los casos, algunos de ellos serán sometidos a la cuarentena. Pero los ciudadanos italianos que residen en los países vetados, son excluidos sin excepción u obligación condicional y considerados menos dignos de ingresar a su patria, por detrás de extranjeros irregulares de países que no cuentan con ningún sistema de salud.

La sensación inequívoca es que contra los italianos residentes en Panamá y en otros países indicados por el Decreto, se está cometiendo una violación flagrante de los derechos constitucionales.

Por favor, despejen nuestras dudas.

Si la prohibición y la transgresión de la norma prevista en el artículo 16 de la Constitución de la República Italiana, se basa en razones de salud, ¿podría algún funcionario o Autoridad Consular o del Gobierno Italiano, responder amablemente a las siguientes preguntas?

1.- En primer lugar, sobre la base de qué principio científico se puede establecer que una persona que ha estado menos de 14 días en uno de estos países vetados, digamos 12 días; es menos propenso a infectarse de COVID que otra persona que estuvo allí, por ejemplo, 15 días?

2.- Desde el punto de vista de la salud, ¿cuál es la diferencia entre un italiano que está en Panamá con residencia establecida en este país, y su compatriota que está en Panamá pero con residencia registrada en Italia? ¿El virus infecta al primero y no al segundo?

Aquí es necesario recordar lo que establece nuestra Constitución, es decir, no hacer distingo entre ciudadanos

Art. 3

Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley, independientemente del género, la raza, el idioma, la religión, los puntos de vista políticos, las condiciones personales y sociales.

3.- ¿Cómo se explica desde el punto de vista de la salud que un extranjero que desembarca en Italia puede entrar al país sometiéndose a cuarentena y este derecho no se le conceda a un italiano residente en el extranjero?

¿Ustedes recuerdan lo que se ha comentado anteriormente sobre el derecho concedido por el art. 16 de la Constitución? Con este Decreto se protege al extranjero en contraste al italiano.

Y de todas maneras, aunque la razón que impulsa a ingresar a Italia a los dos seres humanos fuera la misma, como dice el Diputado SCALFAROTTO", es decir, "regresar a Italia porque la atención sanitaria es mejor de nosotros que de los países de residencia"; entonces, ¿por qué el extranjero tiene ese derecho y un italiano no?

4. Si existe un procedimiento de cuarentena dentro de las posibilidades de protección de la salud y también se pueden realizar fácilmente pruebas de detección de COVID para determinar el riesgo de infección; ¿por qué derogar un sagrado derecho constitucional a regresar a su patria en lugar de aplicar estas dos sencillas medidas de control?

Por el bien de todos y por el bien del país, rogamos a las Autoridades del Gobierno y del Servicio Exterior Italiano que no dejen a toda una comunidad con dudas. Si esto fuera ignorado sólo pensaríamos que las razones de la prohibición son POLITICAS y no sanitarias, y entonces el decreto estaría violando totalmente la Constitución y con su aplicación se cometería un delito grave en perjuicio de miles de italianos.

Si no está conforme, renuncie a su ciudadanía.

Mientras tanto, la Sra. Lissemar Bello se dirigió a las Autoridades Consulares Italianas en Panamá. Ha demostrado suficientemente su necesidad, especialmente el de su hija, de viajar a Italia. Señaló que sus intenciones de cambiar de residencia surgieron antes de la crisis COVID. Indicó que estaba sin trabajo en este país debido a su programa de reubicación. Ella abogó por la protección de la salud de su hija y a pesar de todo esto su grave situación no ha sido resuelta.

En una comunicación dirigida a la Onorable ELISABETTA BELLONI, Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa con desesperación: "Realmente necesitamos regresar a Italia. La niña está ahora con terapias suspendidas y esto está causando una grave exacerbación de las dolencias ya que hemos estado encerrados en casa durante más de 6 meses sin la oportunidad de acceder a las terapias".

Ahora,  cansada de ser ignorada por los argumentos burocráticos, ejerció su derecho a la queja y a la protesta y nos declara que en respuesta recibió la ofensa, es decir, se le dijo que si no estaba de acuerdo con las medidas políticas del Gobierno Italiano, visto que tenía dos nacionalidades, podía optar por renunciar a la italiana.

Los derechos de los italianos no pueden ser pisoteados.

No Señor Ministro, No Señor Cónsul, Ustedes deben saber que la Señora Lissemar y muchos otros italianos en el extranjero, tenemos derechos que no pueden ser pisoteados: el de la ciudadanía italiana a la que nadie puede pedirnos de renunciar, aun cuando tengamos otra, porque así lo prevé nuestra Ley; el de poderle exigir a los Servidores Públicos, ya sean Ministros, Cónsules u otros, la respuesta apropiada, cónsona y con educación a nuestras peticiones; y sobre todo, el derecho a regresar, permanecer y circular en nuestra patria, sin tener que estar sujeto a limitaciones políticas.

Ahora esperamos su amable respuesta, porque por ley están obligados a ello.