Entramos al salón principal del restaurante y advertimos una inusual desolación. El espacio desierto, las meses apartadas y acumuladas, las sillas apiladas. Comienza a notarse el deterioro de una actividad que lamentablemente permanece cerrada desde el 25 de marzo de 2020.

Van ya casi cinco meses que no entra un cliente y tampoco se sabe cuándo lo hará de nuevo. “Esto nunca me lo hubiera imaginado”, afirma el dueño con aire de resignación y  agrega: “Tantos años en este medio, tantos esfuerzos y dinero invertido para ver ahora como todo se esfuma”.

La implantación de la cuarentena en Panamá, a consecuencia del COVID-19, ha puesto de rodillas a las actividades comerciales, pero el panorama luce aún más sombrío para restaurantes, hoteles y actividades turísticas. Éstos están incluidos en el remoto BLOQUE 4 del proceso de reapertura decretado por el Gobierno Nacional.

Una desescalada “infinita”.

El 13 de mayo de 2020, cuando el Ejecutivo Nacional anunció el inicio de la desescalada en Panamá, con la apertura del BLOQUE 1, muchos empresarios del sector sintieron alivio. Los precedentes en países como España e Italia, dos de los más afectados por la pandemia, hacían pensar que cada dos o tres semanas se avanzaría, paso a paso, hacia la reactivación económica.

Sin embargo, algo no estaba claro. Los subsiguientes bloques no tenían fecha estimada de apertura. Los empresarios olieron la incertidumbre. Así la reactivación económica emprendió un camino sin etapas definidas, una sorta de "cómo vamos yendo vamos viendo", un maratón extenuante sin meta a la vista, letal para los bolsillos de los comerciantes.

Muchos de ellos, sobre todo los más nuevos y menos afianzados, abandonaron inmediatamente. Ahora después de veinte largas semanas, inclusive los más veteranos, están tirando la toalla. Comenzamos a ver con tristeza la venta de equipos y bienes muebles de éstos fondos de comercio. Son preocupantes los anuncios que percibimos de muchos locales que no reabrirán. Podemos vaticinar un gran índice de desempleo en dicho sector.

“Tuve que suspender a todo mi personal, no puedo pagarle y me duele verlos con necesidad económica y no poder hacer nada por ellos”. Sigue relatando con tristeza nuestro anfitrión.     

Un sector sensible a la comunidad italo panameña.

En nuestra comunidad italo panameña, son numerosísimos los empresarios de éste sector. Algunos de ellos, refiriendonos a restaurantes , han podido sobrevivir con el servicio delivery. Sin embargo, han operado más por mística y vocación de servicio dado que han acusado, igualmente, cuantiosas pérdidas. Otros, vista la estructura y tipología de sus negocios no han podido siquiera valerse de esa opción.

En Boca Chica, Bocas del Toro, Colón y Farallón, nuestros conciudadanos nos relatan una desconfortante realidad de posadas con habitaciones vacías y estructuras de playa desiertas, mientras las deudas aumentan.

El S.O.S. de dueños de restaurantes, hoteles, posadas, actividades turísticas, nos llega desde la capital así como desde muchas localidades en el resto del País.

Registramos igualmente una situación de crisis en un gran número de empresarios de nuestra comunidad dedicados a la distribución de alimentos. Ellos la viven también, por reflejo, motivada por el cierre de los clientes potenciales, como restaurantes y posadas.

“Mis máquinas de café están inoperantes en muchos locales cerrados y el producto no se vende”, nos contaba desilusionado, días atrás, otro empresario del sector con muchos años de actividad en Panamá.

¿Pero cuál es la situación de éstos comerciantes? ¿Cuáles son los riesgos y costos que ponen a pender de un hilo sus actividades?

El talón de Aquiles de los comerciantes.

Comenzaremos por los canones de arrendamiento. Aquellos que no sean propietarios de los inmuebles donde operan, vale decir, la mayoría de ellos, tienen que enfrentar la acumulación de las  cuotas mensuales.

Es cierto que el Decreto Ejecutivo No. 145 del 1° de mayo de 2020, autorizó a suspender el pago de canones de arrendamiento, excluyó los recargos por mora y prohibió los procesos de lanzamiento y desalojo. Sin embargo también lo es que éstas “consideraciones” cesarán en sus efectos dos meses después del levantamiento del Estado de Emergencia.

A partir de allí la disposición no es absolutamente categórica ni clara, pues, se dice que el Arrendador deberá ponerse a disposición del Inquilino para acordar el mecanismo a través del cual se cobrarán, de forma diferida, los cánones de arrendamiento no pagados oportunamente, otorgándole, idealmente, hasta dos años para su satisfacción. Ello significa que habrá que negociar y que a todo evento esos canones generados tendrán que ser, de todas formas, pagados íntegramente aún sin haber tenido actividad económica.

En segundo lugar, tenemos los servicios públicos de los cuales están servidos los comercios. Probablemente éstos costos, dada la inactividad, habrán disminuido, sin embargo hay rentas básicas de energía eléctrica, agua, telefonía fija y móvil e internet.

Para ello el Ejecutivo sancionó el proyecto de ley 295 que adopta medidas sociales especiales para la suspensión temporal del pago de servicios públicos pero, como bien se puede leer, se trata de una suspensión temporal. Vale decir, la deuda persiste, se acumula y tendrá que ser pagada. A plazos, sin intereses pero pagada al fin, sin haber tenido actividad comercial.

Se le suman las obligaciones financieras. Son otra espada de Damocle que pesa sobre éstos comerciantes. La mayoría de ellos ha contraído obligaciones hacia entidades financieras para impulsar, renovar y ampliar, sus fondos de comercio. Además de tener normales obligaciones, derivadas de créditos, como personas naturales.

En éste aspecto la moratoria inicialmente fue establecida hasta el 31 de julio de 2020. Sin embargo la evidente situación obligó al Presidente, Laurentino Cortizo, a anunciar una extensión de la moratoria para préstamos bancarios hasta el 31 de diciembre de 2020.

El acuerdo con los bancos incluye una moratoria para: hipotecas (préstamos residenciales), préstamos personales, a la pequeña y mediana empresa, al sector agropecuario, comerciales, al sector transporte, de autos y tarjetas de crédito.

Hay que estar claros que se trata, como bien dice la normativa, de una “moratoria”. Vale decir, una dilación del tiempo en el cual deberán pagarse dichas obligaciones financieras. No hay condonación, ni de capital ni de intereses, sólo una extensión de plazo. Estas obligaciones también deberán ser honradas pese a no haber tenido actividad generadora de fondos.

Protección a la Banca que nos ayudará.

Mucho se discutió sobre ésta aspecto relativo a las obligaciones financieras, pero el Gobierno no quiso forzar la mano con los Bancos dado que el propio Primer Mandatario declaró, en su oportunidad, acerca de la importancia de que el sector bancario se mantuviera en pie. “Esto es fundamental para la etapa de la nueva normalidad, porque de la banca vendrá el financiamiento para levantar la economía”, afirmó

Por su parte, el Secretario General de la Superintendencia de Bancos, Gustavo Villa, indicó: ”Tenemos que tratar de introducir medidas que preserven la estabilidad y no introducir medidas pensando que hacemos un bien y lo que hacemos es un  desequilibrio en el sistema financiero".

Explicó que el negocio de banca es un negocio que trabaja con una ecuación bilateral. Por un lado, todos los clientes que usan la banca para pedir prestado e invertir en la economía y por otro lado, está el ahorro de los depositantes del sistema, que son los fondos que usa la banca. "Si les decimos a unos que no paguen su préstamo, tenemos que decirle al otro lado de la ecuación, que no puedo pagar los intereses y allí inicia  el desequilibrio".

Insistió que a través de sector bancario se financiará la construcción, la micro y mediana empresa, el turismo, la agricultura y ganadería y el comercio como restaurantes y centros comerciales.

“Necesitamos que éstos generen empleos después de este virus de la muerte”, aseveró Cortizo.

Por ende, los comerciantes, también en este caso, tendrán que sentarse con las instituciones financieras a plantear su situación particular y convenir en la mejor manera de extinguir sus obligaciones para no caer en estado de mora o incumplimiento que pudiera afectar su imagen crediticia (APC).

Debe continuar el proceso de reapertura.

El sector industrial y comercial de Panamá le ha manifestado al Gobierno, la urgencia  de continuar con la reapertura gradual de las actividades, dado que el sacrificio se está haciendo insostenible.

La reactivación no puede ser postergada, para hoy ya es tarde. El número de desempleados aumenta y es muy probable que el Gobierno ya pronto no tenga la capacidad para darle respuesta a sus necesidades. Los comerciantes ya no tienen recursos para sostener un cierre tan prolongado.

Los gremios han entregado al Gobierno, los protocolos fitosanitarios y de protección necesarios para continuar con la desescalada e ir eliminando el bloqueo impuesto.

Sin embargo, se percibe una falta de decisión, de coordinación y de planificación en el Ejecutivo. Pareciera no tener plena confianza en el gremio de empresarios que sostienen la postura de que hay que aprender a convivir con el virus, como han hecho todos los otros países del mundo.

La gran inquietud que atiende respuesta.

¿Si pudieron retomar sus actividades económicas, en menor tiempo, países como España e Italia, que han tenido decenas de miles de muertos, cómo es que Panamá no haya podido hacerlo aún y se dispone a batir el record de nación con mayor vigencia de cuarentena?

Ésta es la pregunta que cada día se hacen más personas en Panamá.

Habrá que enfrentar escenarios más complejos.

Es evidente que al sector comercial, pero sobre todo a los restaurantes, hoteles y actividades turísticas, relegadas al BLOQUE 4, con fecha de apertura incierta, se les está pidiendo hacer un esfuerzo titánico de supervivencia. Habrá que ver si lo logran y si podrán emprender nuevamente su camino de progreso y de efectiva generación de empleo, como aspira el Gobierno.

Adicionalmente habrá que evaluar detenidamente, con precisión y sin demora, si las medidas de contingencia económica, beneficios y moratoria, implementadas por el Ejecutivo Nacional, son lo suficientemente efectivas para contener la crisis del sector y si estas empresas están realmente en condiciones de asumir el costo acumulado de la extenuante cuarentena.

Otro aspecto importante a considerar será, que vista la inevitable crisis económica causada por la emergencia sanitaria, se vaticina una consiguiente pérdida del poder adquisitivo y una nueva jerarquización del gasto familiar. Por ende, ¿será más o menos generoso el mercado de consumidores con éstos comercios?  que, dicho sea de paso, no suplen necesidades básicas y que además vienen "golpeados" por éste largo período de supervivencia.

El Ejecutivo debe ir preparándose para escenarios más complejos. Es indispensable equilibrar la ecuación Salud vs. Economía. Debe planificarse  paso a paso de manera firme, pero sin demora, la estrategia de reactivación económica.

Este Gobierno tiene una responsabilidad muy grande con este País y será, muy probablemente, difícil honrarla a menos que asegure la protección efectiva y la estabilidad del aparato productivo privado en todos sus sectores.