Una intervención "orgánica" destinada a "simplificar los procedimientos administrativos, eliminar y acelerar la burocracia, digitalizar la administración pública, apoyar la economía ecológica y la actividad empresarial". Tras una reunión de cuatro horas del Consejo de Ministros, el Decreto de Simplificación fue aprobado en la madrugada, introduciendo medidas urgentes para la simplificación y la innovación digital.​"El trampolín que Italia necesita en este momento" fue definido por el Primer Ministro Giuseppe Conte, quien presentó el texto en una conferencia de prensa en el Palazzo Chigi junto con los ministros de administración pública Fabiana Dadone y de transporte Paola De Micheli.​El decreto interviene, en particular, en cuatro áreas principales: simplificaciones en el campo de los contratos públicos y la construcción; simplificaciones de procedimiento y responsabilidades; medidas de simplificación para el apoyo y la difusión de la administración digital; y, por último, simplificaciones en el campo de las actividades empresariales, el medio ambiente y la economía verde.​Las medidas principales en el archivo del Palacio Chigi​

1.CONTRATOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN

Entre las principales medidas en el ámbito de los contratos públicos, a fin de fomentar la inversión en infraestructura y servicios, se introduce con carácter transitorio hasta el 31 de julio de 2021 un nuevo marco para los contratos de obras, servicios y suministros. Las nuevas normas prevén: la adjudicación directa para los servicios de menos de 150.000 euros; un procedimiento negociado, sin licitación, previa consulta a un número variable de operadores en función del importe total, para todos los servicios de 150.000 euros o más y por debajo de los umbrales de pertinencia comunitaria.

Se prevé que la adjudicación o la identificación final del contratista se realice en un plazo de dos meses, que se aumentará a cuatro meses en casos concretos. El incumplimiento de esos plazos, los retrasos en la celebración del contrato y los retrasos en el inicio de la ejecución del contrato pueden evaluarse a los efectos de la responsabilidad del único responsable del procedimiento por los daños pecuniarios y, cuando sea responsable el operador económico, constituyen motivos para excluirlo del procedimiento o para rescindir el contrato. También se introducen disposiciones para acelerar los contratos que superen el umbral, disponiendo en particular que la adjudicación o la identificación final del contratista debe tener lugar en un plazo de seis meses a partir de la apertura del procedimiento.
Además, se prevé que el recurso judicial pendiente no constituye una justificación adecuada de la no celebración del contrato en el plazo previsto y, para las obras de importancia nacional o superiores a los umbrales comunitarios, las suspensiones de ejecución sólo podrán ser determinadas por las partes o las autoridades judiciales en casos claramente especificados. Será entonces obligatorio crear colegios de asesoramiento técnico con la tarea de resolver rápidamente los litigios y las disputas técnicas que puedan bloquear los contratos y, para evitar que la falta de recursos bloquee las obras, se creará un fondo especial para financiar temporalmente las estaciones de contratación. Por último, se simplifican y normalizan los procedimientos de nombramiento de comisarios extraordinarios para obras de mayor complejidad o más relevantes para el tejido económico, social y productivo.
En el sector de la construcción, la simplificación de las obras de demolición y reconstrucción y de los procedimientos de modificación de los alzados de los edificios; la aceleración de los plazos de ejecución de los procedimientos de construcción mediante una conferencia simplificada de servicios para obtener la aprobación de las demás administraciones; el fortalecimiento de los incentivos para las intervenciones de regeneración urbana, con la reducción de la contribución a la construcción que debe pagarse al Municipio; la prórroga de la validez de los permisos de construcción; la previsión de la expedición, a petición del interesado, de una aprobación tácita de la ventanilla única para la construcción.

2. PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES​

En lo que respecta a la simplificación de los procedimientos, se prevé que, para la mayoría de las formalidades burocráticas, una vez expirados los plazos previstos por la ley, se aplicará la regla del silencio y el consentimiento, con la ineficacia de los actos que hayan intervenido tardíamente. Se introduce la conferencia simplificada de servicios, con la compresión del tiempo: todas las administraciones implicadas tendrán que responder en un plazo de 60 días. Además, las administraciones tendrán que medir la duración real de los procedimientos que tengan mayor repercusión en los ciudadanos y las empresas, compararlos con los plazos previstos por la ley y publicarlos. Se introducen simplificaciones para facilitar la participación de los ciudadanos y las empresas en los procedimientos administrativos telemáticos, introduciendo el principio general de que las administraciones públicas deben prestar sus servicios de forma digital y que los ciudadanos deben poder consultar los documentos digitalmente. Los costos de la burocracia también se reducen al disponer que, tanto para las normas primarias como para los decretos de aplicación, si se introducen nuevos costos de regulación, se deben eliminar otras cargas de igual valor o hacer que los nuevos costos introducidos sean deducibles de impuestos. Para el período 2020-2023 se introduce el Programa de Simplificación Administrativa, definido según las directrices compartidas por el Estado, las Regiones, las Provincias Autónomas y las autoridades locales, y se definirá un formulario normalizado en todo el país para la presentación de peticiones, declaraciones e informes de los ciudadanos. En cuanto a la responsabilidad de los administradores públicos, hasta el 31 de julio de 2021 se prevé que la responsabilidad por daños fiscales se limitará a la intención sólo en lo que respecta a las acciones, mientras que permanecerá invariable en lo que respecta a las omisiones, de modo que se pedirá a los funcionarios que rindan cuentas en mayor medida por cualquier omisión o inercia, en lugar de hacerlo en el caso de una conducta activa. Además, el caso de la falta deliberada se remite al hecho dañino y no a la conducta en sí misma, se refuerza el control concomitante del Tribunal de Cuentas para acelerar el gasto de la inversión pública y se define con mayor precisión el delito de abuso de funciones, de modo que los funcionarios públicos tengan la certeza de qué conductas concretas son punibles por ley.

3.DIFUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

En cuanto a la ciudadanía digital y el desarrollo de los servicios de megafonía digital, se espera: acceso a todos los servicios digitales de la AP a través de SPID, Cédula de Identidad Digital (CIE) y vía AppIO en los teléfonos inteligentes; domicilio digital para los profesionales, incluidos los que no están registrados; simplificación y fortalecimiento del domicilio digital para los ciudadanos; presentación de autocertificaciones, solicitudes y declaraciones directamente desde los teléfonos móviles vía AppIO; simplificaciones para la emisión de la CIE; una plataforma única para la notificación digital de todos los documentos de la AP y vía PEC de los documentos judiciales; simplificación de la firma electrónica avanzada; apoyo al acceso de las personas con discapacidades a las herramientas informáticas; normas uniformes para todas las AP para las compras de TI, la capacitación digital de los funcionarios públicos y el diseño de servicios digitales para los ciudadanos; simplificación y fortalecimiento de la interoperabilidad entre las bases de datos públicas y medidas para garantizar la plena accesibilidad y el intercambio de datos entre las AP; simplificación y fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Datos Digitales, con el fin de fomentar el uso de los activos de información pública. Se introducen medidas para la innovación, destinadas a simplificar y facilitar las iniciativas innovadoras y, en particular, los ensayos mediante el uso de tecnologías emergentes. 

4.SIMPLIFICACIONES EN EL CAMPO DE LOS NEGOCIOS, EL MEDIO AMBIENTE Y LA ECONOMÍA VERDE

Para los negocios, se espera que lo hagan: la simplificación y aceleración de las obras de infraestructura de redes para las comunicaciones electrónicas y la banda ancha; el aumento de la cuantía de las "Nuova Sabatini" (subvenciones a las empresas para el reembolso de préstamos para inversiones en bienes de capital) y la simplificación del mismo incentivo para las empresas del Mezzogiorno; la simplificación de los procedimientos para la eliminación del registro de empresas y la disolución de los organismos cooperativos; el fortalecimiento del sistema de control de la inversión pública, la simplificación de las actividades del CIPE (Comité Interministerial de Planificación Económica) y de las subvenciones públicas en el sector agrícola; la posibilidad de que las sociedades anónimas cotizadas en bolsa prevean aumentos de capital como excepción a las normas del Código Civil.
En cuanto al apoyo a la protección del medio ambiente y la economía verde, el decreto introduce la racionalización de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental (EIA) asociados a las obras públicas; la exclusión de la obligación de someterse a la EIA y el régimen de bienes e intereses culturales para intervenciones urgentes de seguridad en las presas existentes prescritas por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, que no transformen significativamente las presas; la simplificación de los procedimientos para las intervenciones y obras en los sitios sujetos a reclamación en los Sitios de Interés Nacional (SIN); la aceleración de la asignación de fondos contra la inestabilidad hidrogeológica a los comisionados; la racionalización de las intervenciones en las Zonas Económicas Ambientales; la simplificación de las intervenciones en proyectos o plantas alimentadas por fuentes de energía renovable, así como para la construcción de puntos de recarga y estaciones para vehículos eléctricos; una nueva reglamentación sobre la transferencia de energía renovable de Italia a otros países europeos, con beneficios para las arcas del Estado; la ampliación a pequeños municipios (hasta 20). 000 habitantes) del mecanismo de "intercambio in situ en otros lugares" para fomentar el uso de la electricidad producida a partir de fuentes renovables; un plan extraordinario de mantenimiento de zonas forestales y de montaña para responder a la necesidad de mejorar la calidad de las zonas forestales de conformidad con las directrices de incentivación y simplificación; simplificaciones para la emisión de garantías públicas por parte de la SACE en favor de proyectos de "green new deal".